Dos conceptos – pena y proceso – aparecen relacionados con el delito íntimamente. El proceso penal transforma la punibilidad en pena a través de tres fases:

1. comprobación del delito;
2. determinación de la pena;
3. ejecución de la pena.

En toda sociedad aparecen a lo largo de la vida hechos que son contrarios al bien común, estos hechos podríamos calificarlos, en un primer momento, como hechos delictivos, en cuanto que se oponen a la misma naturaleza del bien común que cada uno de los integrantes de la sociedad desea, siendo la pena la que pretende la eliminación de la acción y voluntad del ciudadano encaminada a la causación del delito. La definición de qué acción o acto es delito es fruto de un acuerdo social entre los miembros de la sociedad para defender el bien y el interés común, y proteger la vida, los bienes y los derechos. Cabe definir que el delito, por tanto, es un mal; y la pena, un mal necesario, podría afirmarse que entre ambos males hallamos la misma relación que entre el mal físico y la medicina.

Con el avance de las tecnologías aumenta el riesgo de que se vulneren los derechos del ciudadano, unas veces por ilegal o indebida accesibilidad, otras por el uso de los datos personales contrario a la finalidad para la que fueron recabados. La vulneración de la privacidad es un riesgo que afecta al derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen del usuario. Los momentos críticos en que pueden ser vulnerados los datos personales son: 1) cuando se registra el usuario; 2) en el almacenamiento de los datos; 3) en el uso que haga de los mismos el Responsable del Tratamiento.

El derecho de familia es una de las ramas del Derecho en la que confluyen diversas situaciones de hecho que afectan no sólo a los hijos menores, sino a las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges o de los miembros de la pareja. Una rama del derecho de carácter multidisciplinar que exige especialización y actualización constante, exigencia imprescindible para el desempeño adecuado, ya que el derecho de familia afecta transversalmente a casi todas las ramas del Derecho (Civil, Mercantil, Penal, Laboral, Extranjería, Seguridad Social, Procesal).